Colombia : el conflicto entre la justicia y la paz

La causa de la paz en el Magdalena Medio está ahora en el campo jurídico. Tres miembros del Programa de Desarrollo y Paz, desde hace tres meses, están recluidos por orden de la fiscalía. Hasta ahora habían sufrido el secuestro y el asesinato por trabajar por la paz. Ahora los informantes, desertores delatores pagados, los señalan como reos y la justicia los apresa por haber tenido relaciones con la guerrilla. Es posible que muchos de nosotros vayamos a la cárcel. El Laboratorio de Paz de la Unión Europea ha empezado a pasar por esta encrucijada del complicado conflicto armado interno de Colombia.

Hay una discrepancia profunda entre los que piensan

• que la paz es un monopolio del Presidente, el Alto Comisionado de Paz y los militares;

• y los que pensamos, en el terreno del dolor y del conflicto, que la paz es además responsabilidad de los colombianos y sobre todo de las comunidades sometidas a la presión de los grupos armados ilegales.

Pensamos que las instituciones del Estado colombiano son parte de la construcción colectiva que hacemos desde nuestra vida ciudadana, y trabajamos por la legitimidad de estas instituciones (que en estas tierras calcinadas se auto ilegitiman porque se alían con paramilitares e incentivan la corrupción), al tiempo que exigimos de las instituciones transparencia, fidelidad al mandato que les da el pueblo, y respeto a la integralidad de los derechos humanos.

El Ejercito es parte de estas instituciones. Acatamos la presencia del Ejército en todo el Magdalena Medio. Pero no aceptamos que el ejército ni el Presidente ni el Alto Comisionado tengan el monopolio de la paz. Porque la paz tienen muchas dimensiones, y esas dimensiones corresponden a diversas responsabilidades éticas, comunitarias e institucionales en la sociedad y en el Estado.

No pedimos que los líderes hagan diálogos regionales para pactar la paz con los alzados en armas. Pero exigimos que los líderes hablen con los actores armados – guerrilleros y paramilitares – en los lugares en que estos actores han sido tradicionalmente poder. Lo exigimos para que los líderes protejan a las poblaciones de la extorsión y la intimidación y el desplazamiento, para que los líderes garanticen la soberanía de los ciudadanos colombianos, y para que los líderes preparen los acuerdos entre el gobierno y la guerrilla, y preparen escenarios mayores de la participación nacional de la sociedad civil organizada.

Consideramos contraproducente que el Estado comience a judicializar a estos líderes. Y ha empezado a hacerlo. Y consideramos inaceptable la ausencia de neutralidad (¿y de justicia?) del Estado colombiano. Porque este Estado somete a la investigación y a la cárcel a los líderes cuando hablan con la guerrilla, pero nunca los judicializa cuando hablan con los paramilitares.

Los líderes tienen el deber de hablar. De lo contrario su gente no puede vivir en la montaña. Y a dónde van a ir si dejan las fincas campesinas y engrosan la multitud errante de los desplazados. El encarcelamiento de Isidro Alarcón, de Elsa María Galviz, y de Laura Cristina Canónico, muestra la determinación – o la miopía - de entidades del Estado al oponerse a la paz cuando la sociedad civil toma la iniciativa.

Es necesario encontrar un terreno común entre los líderes, los militares, y la justicia. No es fácil. Posiblemente antes de lograrlo muchos otros y otras iremos a la cárcel. Pero seguiremos insistiendo en que es posible.

Para que el protagonismo de la paz no esté en manos de los que hacen la guerra, sino en manos de los que hacen la paz.